Se reavivan los conflictos internos en el Gobierno de Moreno Bonilla tras el cese de la interventora jefa de la Junta
El cese de la interventora general de la Junta de Andalucía, María Antonia González Pavón, ha levantado muchas ampollas entre el cuerpo fiscalizador de las cuentas públicas de la Junta, y ha abierto de nuevo un conflicto laboral que se remonta a meses atrás. Los auditores han acusado a la Junta de Andalucía de haber aprobado una Ley para manipular a su antojo el cuerpo de inspectores sin dotarles de más personal, medios y recursos, lo que provocaría dificultades en la labor de control interno que tienen que desempeñar. Ya en el mes de noviembre avisaron con ir a una huelga que la Consejería de Hacienda evitó prometiendo unas mejoras en las condiciones laborales que, según apuntan, "no se han cumplido". Al respecto de esta situación hay muchas ramas abiertas, y el cese de la interventora jefa ha sido la gota que ha colmado el vaso, terminando de tensar la relación entre el organismo y la Junta. Mientras continúa la investigación judicial contra el Gobierno de Moreno Bonilla por presuntos delitos de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la víspera de su despido, González Pavón llamó a unos 50 supervisores de su equipo a una reunión telemática para explicarles los motivos de su cese, aprobada en el primer Consejo de Gobierno tras las navidades, desmintiendo la versión que había dado la Consejería de Hacienda. Este departamento, comandado por Carolina España, aseguró que González se marchaba por motivos personales y por cansancio. "Quería estar con sus nietos", aseguraron. Sin embargo, ella explicó a los interventores de su equipo que sus jefes la destituían por "pérdida de confianza", según participantes de esa propia reunión. Las mismas fuentes, citadas por elDiario.es, responsabilizan del cese a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, su predecesora en el cargo, a quien acusan de haber "incumplido el compromiso de dotarles de recursos, medios y personal", además de hacer lo propio con las mejoras salariales que fueron prometidas. Insisten en los motivos personales Este martes, al ser preguntada de nuevo por este asunto, España insistió en que el cese de la interventora general se debió a "motivos personales" y argumentó que no informó la semana pasada de ello porque "hubo muchos cambios de personal ese día". España señaló también, a colación del caso, que en los cinco años que María Jesús Montero estuvo al frente de la Consejería de Hacienda hubo tres interventores generales, insistiendo en la versión de que González Pavón se marcha por motivos personales, aunque ella dice lo contrario. "Cuando alguien estima que quiere irse, ahí no podemos entrar", sentenció. ¿La gota que ha colmado el vaso? Este cese pone sobre la mesa de Moreno Bonilla varios problemas de golpe. Por una parte, González es la autora del informe de actuación que elevó en 2022 a la consejera de Hacienda denunciando un "fraccionamiento indebido y masivo" de contratos en el Servicio Andaluz de Salud para eludir los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público. En ese...
El cese de la interventora general de la Junta de Andalucía, María Antonia González Pavón, ha levantado muchas ampollas entre el cuerpo fiscalizador de las cuentas públicas de la Junta, y ha abierto de nuevo un conflicto laboral que se remonta a meses atrás. Los auditores han acusado a la Junta de Andalucía de haber aprobado una Ley para manipular a su antojo el cuerpo de inspectores sin dotarles de más personal, medios y recursos, lo que provocaría dificultades en la labor de control interno que tienen que desempeñar. Ya en el mes de noviembre avisaron con ir a una huelga que la Consejería de Hacienda evitó prometiendo unas mejoras en las condiciones laborales que, según apuntan, "no se han cumplido". Al respecto de esta situación hay muchas ramas abiertas, y el cese de la interventora jefa ha sido la gota que ha colmado el vaso, terminando de tensar la relación entre el organismo y la Junta. Mientras continúa la investigación judicial contra el Gobierno de Moreno Bonilla por presuntos delitos de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la víspera de su despido, González Pavón llamó a unos 50 supervisores de su equipo a una reunión telemática para explicarles los motivos de su cese, aprobada en el primer Consejo de Gobierno tras las navidades, desmintiendo la versión que había dado la Consejería de Hacienda. Este departamento, comandado por Carolina España, aseguró que González se marchaba por motivos personales y por cansancio. "Quería estar con sus nietos", aseguraron. Sin embargo, ella explicó a los interventores de su equipo que sus jefes la destituían por "pérdida de confianza", según participantes de esa propia reunión. Las mismas fuentes, citadas por elDiario.es, responsabilizan del cese a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, su predecesora en el cargo, a quien acusan de haber "incumplido el compromiso de dotarles de recursos, medios y personal", además de hacer lo propio con las mejoras salariales que fueron prometidas. Insisten en los motivos personales Este martes, al ser preguntada de nuevo por este asunto, España insistió en que el cese de la interventora general se debió a "motivos personales" y argumentó que no informó la semana pasada de ello porque "hubo muchos cambios de personal ese día". España señaló también, a colación del caso, que en los cinco años que María Jesús Montero estuvo al frente de la Consejería de Hacienda hubo tres interventores generales, insistiendo en la versión de que González Pavón se marcha por motivos personales, aunque ella dice lo contrario. "Cuando alguien estima que quiere irse, ahí no podemos entrar", sentenció. ¿La gota que ha colmado el vaso? Este cese pone sobre la mesa de Moreno Bonilla varios problemas de golpe. Por una parte, González es la autora del informe de actuación que elevó en 2022 a la consejera de Hacienda denunciando un "fraccionamiento indebido y masivo" de contratos en el Servicio Andaluz de Salud para eludir los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público. En ese...
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