Aviso urgente por MUFACE: última fecha clave que lo puede cambiar todo para los mutualistas

El modelo mutualista de asistencia sanitaria para funcionarios públicos en España, representado principalmente por MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), atraviesa una de las crisis más graves de su historia. Desde su creación hace más de 50 años, este sistema ha sido una opción clave para más de un millón de empleados públicos, quienes han podido elegir entre recibir atención médica en la sanidad pública o a través de aseguradoras privadas. Sin embargo, la reciente negativa de las principales compañías aseguradoras a renovar los conciertos con el Gobierno, ha puesto en jaque la estabilidad de este sistema. A pocos días de que finalice el plazo para resolver el conflicto, los funcionarios enfrentan un panorama de incertidumbre respecto a su atención médica.

El descontento generalizado entre los mutualistas no sólo responde a la falta de soluciones claras por parte del Gobierno, sino también al temor de que el sistema público de salud no pueda absorber a los nuevos pacientes que migrarían desde MUFACE. Mientras tanto, sindicatos y funcionarios reclaman una solución inmediata, advirtiendo sobre el riesgo de colapso en la sanidad pública y la afectación de miles de personas que requieren tratamientos continuados, incluidos casos graves como diálisis o atención oncológica.

Crisis de MUFACE

El problema actual de MUFACE tiene sus raíces en la falta de financiación adecuada para el sistema mutualista. A través de este modelo, el Gobierno suscribe acuerdos con aseguradoras privadas para que estas presten servicios médicos a los funcionarios. Sin embargo, las primas que el Ejecutivo paga a las compañías no han logrado cubrir los costes del sector sanitario. Esto ha llevado a las aseguradoras a acumular pérdidas millonarias en los últimos años, lo que finalmente ha resultado en la decisión de abandonar el sistema.

Adeslas anunció el 27 de noviembre de 2024 que no aceptaría los nuevos términos de licitación propuestos por el Gobierno, pese a un aumento del 33,5% en las primas ofrecidas. Según la compañía, esta subida seguía siendo insuficiente para cubrir el coste real de los servicios médicos. Poco después, DKV también comunicó su retirada, argumentando que la estructura financiera del modelo era insostenible. Ambas aseguradoras calculan pérdidas millonarias: DKV estimó un déficit de entre 70 y 100 millones de euros anuales, mientras que Adeslas reportó pérdidas acumuladas de 250 millones de euros en el periodo 2022-2024.

Por su parte, Asisa ha decidido finalmente no presentarse en solitario al concurso de MUFACE, según fuentes cercanas. Esto deja nuevamente desierta la licitación, obligando al Gobierno a lanzar una nueva convocatoria con condiciones mejoradas. Aunque ofreció salvar el sistema con una subida de primas moderada, concluyó que no tiene capacidad para atender en solitario a los 1,5 millones de funcionarios.

Las posturas de las partes involucradas

El Gobierno ha defendido que nunca antes se había hecho un esfuerzo tan grande para mantener el sistema mutualista. Según el ministro de Función Pública, Óscar López, el incremento del 33,5% en las primas ofrecidas es una muestra del compromiso del Ejecutivo para salvar MUFACE. Sin embargo, tanto las aseguradoras como los sindicatos han cuestionado esta afirmación, señalando que el aumento sigue siendo insuficiente en comparación con el alza de los costes médicos.

Por otro lado, las aseguradoras han argumentado que continuar en el sistema bajo las condiciones actuales sería económicamente inviable. En el caso de DKV, su consejero delegado, Fernando Campos, explicó que la compañía estaba dispuesta a mantener el servicio sólo si las primas aumentaban en un 40% durante el primer año, algo que el Gobierno no ha aceptado.

Los sindicatos, por su parte, han pedido al Ejecutivo que priorice la búsqueda de soluciones a largo plazo, evitando repetir este tipo de crisis en el futuro. También han exigido transparencia en las negociaciones con las aseguradoras y han solicitado que se les informe sobre las medidas que se implementarán si la segunda licitación, prevista para el 27 de enero, también queda desierta.

Manifestaciones y movilizaciones

La incertidumbre y el descontento entre los mutualistas han dado lugar a una serie de movilizaciones en todo el país. El pasado 22 de enero, cientos de funcionarios se concentraron frente a la sede de MUFACE en Madrid, bajo lemas como «Muface no se cierra, se defiende» y «Acuerdo justo ¡Ya!». Los sindicatos han advertido que, si no se alcanza una solución antes del 27 de enero, convocarán una huelga en febrero y podrían emprender acciones legales contra las aseguradoras que han abandonado el sistema.

Los manifestantes han denunciado que las negociaciones se han llevado a cabo sin tener en cuenta la opinión de los mutualistas y han expresado su preocupación sobre cómo este conflicto afectará a sus familias. «Detrás de los números hay personas», afirmó Javier Toro, secretario general de USO, durante la protesta en Madrid.

A medida que se acerca la fecha límite para resolver el conflicto, las posibles soluciones parecen limitadas. Si ninguna aseguradora acepta los términos del Gobierno, más de un millón de funcionarios deberán migrar al sistema público de salud.